Médicos y legisladores impulsan una ley de Obesidad


Aseguran que de sancionarse significaría un cambio estructural en salud pública y permitirá trabajar en la prevención y en el tratamiento temprano de enfermedades asociadas a la obesidad


Categoría: MÉDICAS

Buenos Aires-(Nomyc)-Entre los ejes temáticos principales del XXIII Congreso Argentino de Nutrición, el evento científico más importante de la especialidad que se llevará a cabo en Buenos Aires del 3 al 5 de septiembre, uno de los que más expectativas genera es una mesa especial destinada a la necesidad de impulsar un Proyecto de Ley de Obesidad, que ya se encuentra presentado en el Senado de la Nación, para que tome estado parlamentario, sea tratado en comisiones y el recito y sea aprobado.

 

Su promulgación como ley, representaría que la Obesidad sea incluida como enfermedad en todo el sistema de Salud, lo que permitiría que se realicen campañas de prevención y detección temprana, junto a la cobertura de los tratamientos de la enfermedad.

 

Esto impactaría, también, incluir un sinnúmero de enfermedades cuyo desarrollo está asociado o se inicia en el sobrepeso y la obesidad, como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, las alteraciones en los lípidos, la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, los infartos agudos de miocardio y los Accidentes Cerebrovasculares (ACV), entre muchas otras.

 

El proyecto, denominado “Proyecto de Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Obesidad en la República Argentina”, fue presentado en noviembre de 2024 por  los médicos Mónica Katz, Alberto Cormillot y Jorge Harraca, ante la Comisión de Salud del Senado, presidida por la senadora Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) y contó con el respaldo de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social). 

 

Hasta hoy, esta patología No es reconocida de manera específica como enfermedad por el sistema de salud argentino, lo que significa que el acceso al diagnóstico y a las diferentes modalidades de tratamiento se vea entorpecido en su cobertura por parte de obras sociales, prepagas o del Estado de manera frecuente y además, al no ser considerada una enfermedad, las personas con obesidad suelen ser objeto de prejuicios y discriminación, incluso dentro del ámbito médico.

 

La legislación argentina cuenta con una norma previa, la Ley 26.396, sancionada en 2008, que declara de Interés Nacional la prevención de los trastornos alimentarios, aunque esta Ley encuadra la Obesidad como un trastorno alimentario y no como una enfermedad metabólica. 

 

Debido a ello, no garantiza la cobertura médica integral de las personas con obesidad por lo que el nuevo proyecto busca cubrir ese vacío normativo, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconoce desde hace años a la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible.

 

“La ley vigente tiene un enfoque centrado en los trastornos alimentarios de origen psiquiátrico. La obesidad, en cambio, requiere un enfoque biomédico y social mucho más amplio y hoy, en términos legales, no existe”, afirmó Mónica Katz, médica especialista en nutrición, presidenta del Congreso y una de las impulsoras de la iniciativa.

 

“El proyecto debe transformarse en ley, porque necesitamos de una herramienta que nos permita establecer políticas públicas basadas en evidencia y no en creencias o ideologías y además, debe ser independiente de los cambios políticos, porque la obesidad no espera y los pacientes tampoco”, insistió. 

 

“El foco de la norma propuesta no está solo puesto en el acceso al diagnóstico y los tratamientos adecuados a cada persona con obesidad, que por supuesto deben cubrirse cuando la enfermedad ya está instalada, sino también en la educación, la prevención y el monitoreo de la evolución de la enfermedad en nuestro país” explicó Jorge Harracamédico especialista en cirugía bariátrica y otro de los promotores del proyecto de ley. 

 

 

“Tenemos que trabajar para llegar antes, desde la propia infancia, con educación, educación y más educación”, agregó Harraca.

 

“La obesidad no es un problema de voluntad, no es una cuestión de pereza o de falta de carácter, es una enfermedad crónica del tejido adiposo de origen multifactorial, compleja y recurrente que requiere un abordaje médico integral, pero mientras no se la reconozca como tal, el sistema les da la espalda a cientos de miles de personas”, sostuvo Virginia Busnelli, presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).

 

Los cuatro ejes principales del proyecto de ley de obesidad incluyen:

1.    Reconocimiento legal de la obesidad como enfermedad crónica, metabólica e inflamatoria, lo que permitiría su inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO), garantizando el acceso a tratamientos, medicamentos y cirugía bariátrica.

2.    Educación y prevención: actualización de contenidos escolares y universitarios para promover estilos de vida saludables; campañas masivas de concientización y lucha contra el estigma; creación de entornos comunitarios que favorezcan la actividad física y el acceso a alimentos saludables.

3.    Acceso universal al diagnóstico y el tratamiento: atención multidisciplinaria con equipos de salud, cobertura de fármacos, intervenciones quirúrgicas y terapias integrales, con una actualización constante basada en evidencia científica.

4.    Creación del Observatorio Argentino de la Obesidad, integrado por especialistas ad honorem que analizarán datos poblacionales, evaluarán políticas públicas y asesorarán en la formulación de estrategias sanitarias sostenibles.

 

“La obesidad abdominal, el sobrepeso, el consumo excesivo de sal y una alimentación desequilibrada son factores que inciden directamente en la calidad y en la esperanza de vida. De los diez elementos principales que condicionan cuánto y cómo vivimos, al menos cuatro están directamente relacionados con la alimentación, pero sin embargo, seguimos sin tratar esto como un problema estructural”, agregó Katz. 

 

Uno de los argumentos centrales del Proyecto de Ley, es la necesidad de desarmar el discurso culpabilizador que pesa sobre las personas con obesidad, porque cuando una condición médica no es reconocida como enfermedad, sus consecuencias recaen de manera exclusiva en quien la presenta, lo cual incrementa el aislamiento social y emocional.

 

Desde la SAN insisten en la importancia de visibilizar la necesidad de considerar esta patología desde una perspectiva integral. “El estigma impide que muchas personas busquen ayuda. Cuando se reconoce que estamos ante una enfermedad, cambia el paradigma: se pasa de responsabilizar al paciente a responsabilizar al sistema”, subrayó Harraca.

 

Además de los argumentos éticos y médicos, los impulsores del proyecto remarcan el Enorme Costo Económico que implica No Tratar la Obesidad, ya que en Argentina, se estima que las enfermedades crónicas vinculadas al exceso de peso como la Diabetes tipo 2, la Hipertensión, las Dislipemias, la Apnea del sueño y enfermedades cardiovasculares, entre otras, representan hasta un 2 por ciento del Producto Bruto Interno, en gastos sanitarios directos e indirectos.

 

Para Busnelli, “tratar la obesidad no es un gasto, es una inversión. Los beneficios para el sistema de salud serían enormes en términos de prevención de las enfermedades asociadas al exceso de peso, lo que también evitaría internaciones y reduciría el uso de medicamentos costosos. Es una política de salud costo-efectiva”, afirmó.

 

“No perdamos de vista que, mientras las personas con un peso saludable tienen un 80 por ciento de probabilidad de llegar a los 70 años, quienes presentan obesidad severa reducen esa probabilidad a 50. La salud es un derecho, no un privilegio y ese derecho debe incluir a todas las personas, sin importar su peso corporal, por lo que este proyecto de ley es mucho más que un texto legal, es una propuesta de país más empático, más informado y más saludable.”, reflexionó Katz. 

 

El peso de una enfermedad que impacta en todo el organismo: uno de los aspectos más alarmantes de la obesidad es su capacidad para generar o agravar múltiples enfermedades crónicas. 

 

La evidencia científica acumulada, muestra que el exceso de tejido adiposo no se limita a una acumulación de grasa visible, sino que se comporta como un órgano activo que promueve procesos inflamatorios sistémicos y altera el funcionamiento de manera práctica, todos los sistemas del cuerpo humano.

 

Entre otras condiciones, los especialistas destacaron la presencia de sobrepeso y obesidad, cuando no la causa, en un sinnúmero de enfermedades asociadas como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, las alteraciones en los lípidos, la hipertensión arterial,  la enfermedad coronaria y el Infarto Agudo de Miocardio, el Accidente Cerebrovascular (ACV), la Enfermedad Pulmonar y Apnea del sueño, el Hígado Graso no Alcohólico y Cirrosis, el Mal de Alzheimer, el Parkinson, la Depresión, la Ansiedad y algunos tipos de cáncer, entre muchas otras.

 

“Conocer el abanico de consecuencias asociadas a la obesidad es clave para dimensionar la urgencia de una respuesta sistémica. No es un problema estético, ni una cuestión de talla, es una enfermedad que puede afectar la vida y la longevidad de las personas”, concluyó Katz. 

 

Sobre el XXII Congreso Argentino de Nutrición: Organizado por la SAN, el Congreso no solo es el ámbito de debate de esta propuesta legislativa, sino también un catalizador para generar consensos entre profesionales, gestores de políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Entre sus más de 2.500 inscriptos se encuentran especialistas de México, Brasil, España, Uruguay y de toda la Argentina, y se han presentado más de 150 trabajos científicos en áreas como metabolismo, nutrición pediátrica, enfermedades crónicas y microbiota intestinal.

 

Acerca de la Sociedad Argentina de Nutrición: es una institución científica sin fines de lucro con más de 85 años de trayectoria que reúne a profesionales de distintas disciplinas vinculadas a la nutrición y trabaja activamente en la formación, investigación, divulgación y promoción de políticas públicas para mejorar la calidad alimentaria y la salud de la población.

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