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ONGs y entidades vinculadas se movilizaron al Congreso y en otros puntos del país, para reclamar por una rápida sanción de la norma ya que según los organizadores “Es un reclamo social, no político”
Buenos Aires-(Nomyc)-Diversas organizaciones no gubernamentales vinculadas al ámbito de la discapacidad se congregaron esta mañana frente al Congreso, para manifestar su apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad y según los organizadores, el sector atraviesa una crisis sin precedentes, agravada por años de mala gestión de todos los gobiernos y recientes ajustes económicos que han colocado a las personas con discapacidad en una situación límite.
Tanto las familias como los profesionales que trabajan en este ámbito enfrentan múltiples obstáculos, entre ellos la cancelación masiva de prestaciones y coberturas en todo el país.
Además de los bajos honorarios de los especialistas que brindan atención a personas con discapacidad, también se reclama por retrasos de varios meses en los pagos, situación que generó un profundo malestar en la comunidad afectada, que denuncia un abandono sistemático por parte del Estado.
En el marco de la movilización, los organizadores también hicieron un pedido explícito a las organizaciones políticas para que se mantengan al margen de la protesta o, en caso de participar, lo hagan sin exhibir banderas partidarias.
“Este es un reclamo social, no político”, enfatizaron, buscando preservar el carácter inclusivo y apartidario de la convocatoria.
El Congreso de la Nación se prepara para debatir un proyecto de ley que busca garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y la propuesta incluye medidas relacionadas con el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social.
La Ley de Emergencia en Discapacidad también contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos de servicios y el cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad y en este sentido, se prevén incentivos para las empresas que decidan contratar a trabajadores de este grupo, con el objetivo de fomentar su inclusión en el mercado laboral. Este aspecto busca abordar una de las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito profesional.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia desde el Ejecutivo, que argumenta que la medida no se alinea con las metas de “déficit cero” y cuestiona su enfoque. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se han expresado críticas hacia el proyecto. Voceros de la entidad calificaron la iniciativa como “regresiva” y señalaron que apela a un modelo asistencialista que, según ellos, ya ha demostrado ser ineficaz.
El proyecto, que cuenta con al menos tres dictámenes en comisión, permite que sea llevado al recinto para su debate. No obstante, desde Casa Rosada se mantiene una postura firme en contra de la medida, priorizando el cumplimiento de las metas fiscales establecidas.
Marchas con repercusión nacional: la protesta fue respaldada por 13 diputados de cuatro bloques distintos: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica el Frente de Izquierda.
Esta convocatoria también se realizó hoy a nivel federal. Por la mañana hubo congregaciones en la ciudad de Posadas (Plaza 9 de julio), Bariloche (Centro Cívico), Mendoza (Legislatura), en la plaza principal de Chivilcoy, Córdoba, (Cosquín, Plaza San Martin; Villa María, Plaza Centenario y Río Cuarto, Plaza Roca) y San Miguel de Tucumán (Plaza Independencia), entre otros puntos del país.
“Venimos hace mucho tiempo arrastrando un déficit, pero es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades, porque la situación se está haciendo totalmente insostenible. Hoy, hay un 73 por ciento debajo de lo que es la inflación. Los profesionales de apoyo están cobrando 307 mil pesos por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas diarias”, señaló para la Nación Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), que representa a 200 mil menores de edad con discapacidad.
Por la tarde, también se realizarán concentraciones. Algunas de ellas serán en San Nicolás (Plaza Mitre, a las 16hs), Santa Fe (Molino Fabrica Cultural, a las 18.30hs) y en Entre Ríos (Paraná, en Plaza de Mayo a las 18:30; Gualeguaychú 25 de Mayo y Rocamora a las 18:30 y Concordia, Plaza Urquiza a las 18:30).
Consignas como “Lo esencial es invisible al Estado”, se dejaron ver esta mañana frente al Palacio Legislativo. “Un país que recorta al sector más vulnerable es un país que nada tiene que ver con el que soñaron nuestros próceres”, señalaron las organizaciones no gubernamentales.
Entre las organizaciones presentes, TEActiva, que trabaja específicamente en el ámbito del autismo, subrayó la magnitud del problema. Según la entidad, 1 de cada 31 niños en el país tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que implica que millones de personas, entre familiares, profesionales y docentes, se ven afectadas por esta problemática.
Por su parte, Discasenlucha llamó a convocarse a:
Minutos después de conocerse el respaldo mayoritario de la oposición legislativa a la emergencia en discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un comunicado en donde “manifiesta su enérgico rechazo al proyecto” al entenderla como “una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”.
La mirada oficial: la ANDIS interpreta que “la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social”.
En el documento, critican la última gestión por el deterioro del poder adquisitivo de las pensiones, “en cambio, este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan”.
“Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad”, concluye ANDIS.
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