En medio de denuncias por incumplimiento la iniciativa propone restricciones, impone requisitos adicionales y elimina el nomenclador
Buenos Aires-(Nomyc)-En medio de la crisis política que generó el supuesto pago de coimas que se está investigando y que llevó a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ingresó en el Senado de la Nación el texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, presenta modificaciones sustanciales a la legislación vigente y plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.
El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que LLA busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.
Según el texto oficial, la iniciativa exigirá un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
“Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio” y también propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
Frente a lo que entiendan que es una incompatibilidad o una inconsistencia en el pedido de ayuda estatal, permite suspender la pensión ante cualquier inconsistencia de manera “preventiva” y se aplicará ante incumplimientos objetivos detectados en los cruces de información, con derecho a defensa y proceso.
El nuevo sistema, fija el monto de la pensión no contributiva en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.
En lo laboral, establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales, por lo que si se aprueba, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones, por lo que elimina “la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones”.
Además, también apunta a los beneficios que se les otorgaba a las organizaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, ya que elimina uno de los incisos que hacía referencia a los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.
Otro punto que también suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos es que introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema.
El proyecto, también autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos, por lo que elimina el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.
La comparación con la legislación vigente presenta diferencias de fondo ya que el proyecto retrotrae todo a un estado anterior al de la emergencia ya que la actual normativa, modificada en los últimos años, había ampliado el universo de beneficiarios basándose en un criterio más amplio de discapacidad y no exclusivamente en la invalidez laboral.
El nuevo proyecto, retoma la definición material de la prestación, delimita el alcance y refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad y la iniciativa oficial, contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.
El ingreso de la norma por el Senado de la Nación se debe a que en la Casa Rosada entienden que la conformación de un número mayoritario es más simple que en Diputados y en este contexto, se espera una fuerte tensión en los bloques “socios” del oficialismo que durante el año pasado votaron a favor de la emergencia.
Otro punto en debate, es el de la actualización del valor de las prestaciones y pensiones, ya que el proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores.
La actriz Valentina Bassi, que tiene un hijo con capacidades diferentes, publicó un video en su cuenta de Facebook en el que se manifiesta contra la nueva ley, para verlo ingrese a: https://www.facebook.com/100066527956051/videos/pcb.1306296528264600/1503631758046836?__cft__[0]=AZapN0NWvLyzYE3vEPkGgWiWXyF7OoiuWyOuGeEpfVfSpZGdYWHP0gonk4zZ_pzt3Fy8g_V7Z0Wao7PEYKcgqvMsw17LiEW6trRIoGeuhwsFVCcHy03SZMGvMSs7af1ZrRw4ytVOod1PM51CBLtFzFMeCix7DHdCOWn59cIQRIJfTg&__tn__=*b1H-R
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