Discapacidad: la oposición dejó sin efecto el veto presidencial


El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió los votos necesarios para llegar al número de votos necesarios. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más


Categoría: MÉDICAS

Buenos Aires-(Nomyc)-La oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo, por primera vez en más de 20 años y reanudó la Ley que declara la Emergencia en Discapacidad, luego de que la votación terminara con 63 votos a favor y 7 en contra y la norma, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y es prorrogable por un año más y también reformula las Pensiones No Contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

 

Tras habilitarse sin problemas el debate, con los dos tercios necesarios, el primero en hacer uso de la palabra fue el peronista pampeano Pablo Bensusán, que señaló “El Presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Vetó un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad”. 

 

“El rechazo de manera brutal, inmoral, volviendo siempre sobre lo mismo, ya está perdiendo credibilidad entre los argentinos que, a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso, le hacemos mal al país o comprometemos el futuro de generaciones” agregó.

 

“Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo o quedar condenada a la exclusión. Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”, sentenció Bensusán.

 

La nota de la jornada la volvió a dar la -por ahora- macrista y pincelada de violeta Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) por la justificación al apoyo al Veto sostuvo “Considero que esta ley no hace falta, pero aprovecho para pedir públicamente al ministro de Salud, Mario Lugones, que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan”.

 

El santacruceño José María Carambia fue más allá y advirtió: “Esperemos que el señor Presidente la aplique como corresponde -en referencia a la norma que volvió a tener vigor- y no haga ningún artilugio legal para intentar de no dar solución a tanta gente que está necesitando. No recuerdo cuándo fue la última vez que se rechazó un veto. Si no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político, no vamos a dejar que la gente con discapacidad que esté en las condiciones que está hoy, es una vergüenza".

 

De nuevo en las filas libertarias -el tiempo dirá-, el formoseño Francisco Paoltroni resaltó que las pensiones pasaron “de 80.000 a 1.250.000 y nadie advirtió que se estaba ‘discapacitando’ gente como nunca en la historia“. Y añadió: ”¿Qué pasó? ¿Quién gobernaba? Era el año 2013 y estaban con la corrupción de la obra pública. Se me estaba pasando por alto”.

 

Los puntos más relevantes de la Emergencia en Discapacidad

  • La declaración de emergencia nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2026, con alcance en todo el país.
  • La actualización de las prestaciones para cubrir la diferencia entre los valores vigentes y la inflación acumulada desde 2023.
  • El pago de deudas con prestadores y la obligación de reajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.
  • Pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, con la posibilidad de que los beneficiarios trabajen siempre que no superen dos salarios mínimos.
  • Una compensación de emergencia financiada por el Tesoro Nacional para los prestadores de servicios.
  • Un refuerzo fiscal estimado entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevas altas que se registren, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
  • La obligación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de llevar adelante auditorías transparentes, con criterios de salud y situación socioeconómica, que garanticen notificaciones fehacientes, debido proceso inclusivo y acceso claro a la información.
  • Incentivos para empleadores: quienes contraten trabajadores con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado quedarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales y previsionales durante tres años.

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