Los grupos que controlan el saneamiento dicen que las normas son laxas y que siguen tirando tóxicos al agua

Buenos Aires-(Nomyc)-Hace nueve años, la Corte Suprema dictó un fallo histórico: condenó al Estado nacional y a los Gobiernos de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires a limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo, pese a lo cual el Cuerpo Colegiado que supervisa el saneamiento denuncia que, a pesar del paso del tiempo, el curso de agua sigue contaminado y hay fallas en el control sobre los establecimientos industriales y los basurales a cielo abierto.

“Las regulaciones adoptadas por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) deberían haber reducido la contaminación, pero no lo han hecho y, por el contrario, la mantienen”, señalan en un comunicado conjunto la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos por La Boca, que integran el Cuerpo Colegiado.

Las ONG aseguran que ACUMAR no obtuvo resultados en materia de control de la contaminación industrial y que, si bien ese organismo informa que el 45 por ciento de las industrias declaradas como agentes contaminantes ya han sido reconvertidas, no hubo una mejora en la calidad del agua o del aire, debido a que, según el Cuerpo, “continúan vertiéndose en la cuenca más de mil toneladas anuales de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos”.

Uno de los motivos, explican, es que como las normativas de vertidos son laxas, aun cuando se cumplan el Riachuelo seguirá contaminado y no mejorará la calidad de vida de la población de la cuenca.

“La nueva resolución adoptada por ACUMAR (N° 46/2017) permite verter en el agua sustancias como Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptacloro, Lindano y Paration, todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, a la cual nuestro país ha adherido”, revelan.

Sobre el tema de los basurales a cielo abierto, el comunicado toma datos de ACUMAR, que relevó la existencia de 390 y calculó que en ellos se acumulan 1.8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos,  pero las ONG aseguran que, aunque el organismo intervino para remover 267 de ellos, los informes de auditoría interna mencionan que el 57 por ciento volvieron, a convertirse en basurales.

“La gestión de la cuenca se encuentra en una situación de incertidumbre y sin rumbo” subraya Andrés Nápoli, de la FARN, quien agrega que “todos los aspectos reseñados por el Cuerpo Colegiado muestran falencias estructurales, a las cuales se suma un continuo escenario de inestabilidad en materia de conducción institucional” agrega.

Los cuestionamientos también alcanzan al aspecto social de la problemática de la cuenca ya que “en 2010 se elaboró el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, que prevé 17.771 soluciones habitacionales”.

“Sin embargo, su cumplimiento ha sido muy bajo ya que sólo el 35 por ciento de los hogares han sido relocalizados”, dice el informe.

Las ONG afirman que después casi una década no se identificó de manera específica a la población en riesgo ni se generaron “capacidades para evaluar la situación de salud ambiental ni se articuló una intervención de ACUMAR para reducir la exposición a la contaminación de las poblaciones más vulnerables”.

Además, el Cuerpo Colegiado acusa a ACUMAR de “no cumplir con la obligación de ofrecer un sistema de información pública actualizada y dice que la mayoría de los datos publicados en su sitio de Internet no se renuevan desde 2014”.

Antecedentes o cosmética para ocultar contaminación                                                                                                                                           El Juez Federal de Morón ha requerido a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que antes del 21 de junio responda las objeciones formuladas por la Asociación de Vecinos la Boca (AVLB) y otras tres ONGs, contra las resoluciones de ese organismo que autorizan la descarga de efluentes contaminados en el suelo y las aguas de la cuenca, y de esa forma mantienen su severísima contaminación.

El fallo, dictado por la Corte el 8 de julio de 2008 en la “causa Mendoza”, ordenó recomponer el Riachuelo y creó un cuerpo colegiado integrado por entidades de la sociedad civil para observar el cumplimiento de la sentencia.

Las Asociaciones que integran ese cuerpo y han venido reclamando contra el incumplimiento del fallo tanto en lo que se refiere a la recomposición del suelo, el aire y el agua, como al mejoramiento de la calidad de vida y la adopción de medidas para la prevención de daños futuros.

El proceso en los tribunales desde su inicio en 2004, puede conocerse en el Portal Judicial, accesible por internet y la Corte Suprema estableció un sistema de publicidad que permite a las partes y al público conocer las actuaciones de la propia Corte y de los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón y Nº 12 de la Capital Federal, que tienen a su cargo la ejecución de la sentencia.

Las ONG que integran el cuerpo colegiado reiteradamente solicitaron a ACUMAR la reforma de la resolución 1/2007 que autoriza vertidos con coliformes fecales y otros contaminantes como bario, boro, cadmio, cloro, mercurio, plaguicidas, plomo, selenio, fenoles, varios de ellos considerados residuos peligrosos y severamente regulados por la ley 24.051.

La ONG’S también pidieron la reforma de la resolución 3/2009 que establece a largo plazo y para todo el río, un uso inventado ad hoc, como la propia ACUMAR reconoció en el expediente judicial, y que consiste en contemplar el curso de agua a la distancia.

Estos pedidos no fueron escuchados y el 24 de marzo pasado la nueva presidente de ACUMAR aprobó la resolución 46/2017, destinada a reemplazar las resoluciones 1/2007 -que sigue vigente- y 3/2009 que se reemplaza.

La nueva resolución mantiene la autorización para descargar las mismas de sustancias antes objetada, pero le agrega contaminantes orgánicos persistentes como DDT, Aldrín, Clordano, Dieldrín, Endosulfán, Heptacloro, Lindano y Paratión, más allá de que para este último grupo rige en el país y en el mundo una colección de normas que los prohíben o regulan muy estrictamente. Nadie autoriza a simplemente descargarlas al suelo o en cursos de agua.

El 4 de abril, ACUMAR comunicó su nueva resolución al Juzgado de Morón, y este le dio traslado al cuerpo colegiado, las ONG presentaron sus objeciones a la presidente de ACUMAR el 25 de abril y las reiteraron en el Juzgado, que ahora le ha dado a la Autoridad de la Cuenca plazo hasta el 21 de junio para que las responda.

Desde su creación hace casi once años, ACUMAR ha cumplido una amplia serie de actividades cosméticas como retirar los cascos de navíos abandonados en las riberas, limpiar parte de las barrancas, retirar objetos sólidos del espejo de agua, recuperar algo del camino de sirga que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, y reubicar a un porcentaje muy menor de los habitantes de los asentamientos contaminados.

Pero casi nada ha hecho con respecto al problema central: la contaminación del suelo, las aguas y el aire y ni siquiera tiene información confiable sobre la masa total de los contaminantes que permanentemente se descargan, ni cual es la carga total de ellos en las aguas del río, mucho menos sobre índices de toxicidad.

Tampoco terminó el mapa de riesgo sanitario ordenado por la Corte,  los basurales a cielo abierto que levantó, en gran medida se han restablecido a la vista de todos y aunque tiene facultades para hacerlo, no adoptó ninguna norma que restrinja las emisiones de gases, químicos y partículas contaminantes.

El monitoreo de gases y partículas que en algunas ocasiones hizo, fue inferior a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En los párrafos anteriores se señala como las normas sobre vertido de efluentes y uso del río, consolidan los niveles de contaminación existentes.

Las “reconversiones industriales” que se invocan como realizadas, resultan irrelevantes porque los parámetros aplicados para las descargar eternizan la contaminación.

El nivel de oxígeno disuelto en el agua, no permite procesos de depuración ni de vida aeróbica  y se siguen descargando efluentes con alta demanda de oxígeno.                                                                                                                                                                                                 Nomyc-8-7-17